Luego de años de confrontación entre los taxistas y la Municipalidad de General Pueyrredón por el funcionamiento por fuera de la ordenanza vigente de las apps de transporte, este viernes finalmente el fuero laboral de la provincia de Buenos Aires falló a favor de los trabajadores de volante en su presentación para regularizar la situación.
Cabe mencionar que la intervención del máximo tribunal de Justicia de la Provincia llegó dado que tanto el Juzgado Civil y Comercial N°9, como el Tribunal de Trabajo N°4 y el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, optaron por declararse incompetentes para llevar adelante la causa presentada en abril por la Federación Nacional de Conductores de Taxis.
Por lo tanto, a través del planteo presentado, la entidad solicitó que se aplique una medida cautelar autónoma mediante la cual se ordene a las empresas que llegaron a la ciudad, Uber Technologies Inc., Uber B.V., Uber Argentina, Didi SA y Cabify SA, que cesen de inmediato de toda actividad vinculada al servicio de transporte de personas dentro del ámbito territorial del partido de General Pueyrredon.
En este marco, el titular de Servitaxi, Pablo Sánchez, explicó a este medio que «el argumento central que venimos planteando desde hace tiempo al Municipio es que si se deja trabajar a estas empresas, se está incumpliendo la Ordenanza municipal vigente, que es la 23.928 y que fue sancionada en 2019, y a través de la cual se establece la prohibición de esta modalidad de transporte en General Pueyrredón».
«Además, hay que tener en cuenta que está fijado también en dicha ordenanza la aplicaciones de sanciones económicas, suspensión de la licencia de conducir y hasta el secuestro del vehículo a quienes realicen algún tipo de servicio de transporte sin habilitación municipal a través de estas apps. Lo que ocurre es que desde hace años que esos controles por parte de la Municipalidad son prácticamente inexistentes y al final las apps terminan funcionando sin regulación ni control, ni sanciones», afirmó.
Por último, Sánchez expresó que «ante esta situación, ahora el Municipio está obligado a salir a controlar las calles para evitar que se siga realizando cualquier actividad bajo la modalidad de estas aplicaciones, sencillamente porque hay una ordenanza vigente que así lo indica y ellos no la están cumpliendo».
«Tengamos en cuenta que de no hacer caso a esta decisión de la Justicia, se estaría cayendo en el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Además, esto nos da el pie para apelar a la Suprema Corte de Justicia», concluyó.