Con la presencia de Sandra Raggio y Roberto Cipriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria, de Miguel Osorio de la APDH Mar del Plata y acompañados por los integrantes de la mesa intersectorial contra la violencia institucional, se llevó adelante una conferencia de prensa en la sede de la CTA-T donde desde el organismo anunciaron que están «preparando un habeas corpus colectivo porque tiene que intervenir la Justicia para prohibir la actuación de la patrulla municipal».
Acorde a las denuncias ya llevadas adelante por la CPM y la APDH, Cipriano García resaltó que «si existiera algún delito por parte de los cuidacoches se debe realizar la denuncia correspondiente, que intervenga la policía, que actúe la justicia, y que se trabaje acorde al procedimiento». Además, agregó que «el Intendente es el primero que debe cumplir la ley y responder a la misma».
Por su parte, Sandra Raggio ratificó que lo que esta sucediente «no es una practica episódica ni que ocurrió ahora, sino que viene ocurriendo desde junio del año pasado, pero ahora tomo estado público, y claramente es una política que lleva adelante el Intendente, a la cual le pone recursos contrata gente y usa móviles sin patente».
Así mismo, el secretario de la Comisión resaltó que «él debe comportarse como lo que es, por más que lo que haga le de votos o lo apoye una parte de la población, no lo justifica, y es ilegal lo que hace».
Por su parte, Raggio enfatizó que «Montenegro respondió, pero no dando explicaciones sobre lo que estamos denunciando, sino agrediendo a la Comisión Provincial por la Memoria y a todo el espectro que denunciamos que cualquier funcionario público debe actuar conforme a la ley, porque eso es lo que estamos diciendo».
«El que debe dar explicaciones es el Intendente y debe cesar las gravísimas violaciones a los DDHH que suceden en Mar del Plata», afirmó.
En este marco, Miguel Osorio aclaró que «lo primero que hicimos fue solicitarle conformar una mesa de trabajo, algo que nunca nos contestó», al tiempo que señaló que «el Intendente debe tomar las medidas correspondientes porque lo que se está viendo es que con la violencia que muestra él nos da a entender que vive en el 76, donde no podías decir nada, me parece que no es así».
Para finalizar, Cipriano García resaltó que el «la CPM hoy amplio la denuncia», y resaltó que «la Comisión no tiene ningún ánimo destituyente, simplemente queremos que el Intendente cumpla la ley porque lo que está haciendo es promoviendo la comisión de un delito por parte de sus subordinados e incumpliéndola él mismo porque omitió denunciar que la patrulla municipal ha golpeado gente, hace apología del delito reivindicando esos actos y lo hace con un fuerte contenido discriminatorio».

