La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves los recursos presentados por el Estado Nacional contra la medida cautelar que ordena aplicar dos artículos centrales de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. De esta manera, quedó firme la resolución judicial que había dado lugar al reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades públicas del país.
La decisión del máximo tribunal representa un nuevo capítulo en la disputa judicial iniciada tras la sanción de la Ley 27.795, aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional. La medida cautelar vigente obliga al Estado Nacional a cumplir específicamente con los artículos 5 y 6 de la norma, vinculados a la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales y a la recomposición salarial de docentes y nodocentes universitarios.
El fallo
Según surge de las resoluciones firmadas el 25 de junio, la Corte desestimó tanto un recurso extraordinario vinculado a la medida cautelar como una presentación directa realizada por el Estado Nacional. En ambos casos, el tribunal entendió que los planteos no se dirigían contra sentencias definitivas, requisito indispensable para habilitar su tratamiento por la vía extraordinaria.
En uno de los fallos, la Corte sostuvo que las resoluciones que conceden, deniegan o modifican medidas cautelares “no revisten el carácter de sentencia definitiva o equiparable a tal”, criterio que ha mantenido históricamente en su jurisprudencia. Por esa razón, rechazó el recurso presentado por el Estado y dejó vigente la cautelar dictada en instancias anteriores.
La causa fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional, organismo que nuclea a los rectores y rectoras de las universidades públicas argentinas, junto con otras instituciones universitarias, con el objetivo de garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento del sistema frente al deterioro presupuestario generado por la inflación y la falta de actualizaciones automáticas.
Para la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone, la decisión judicial constituye una señal importante para todo el sistema universitario. “La resolución de la Corte reafirma la necesidad de garantizar condiciones mínimas de previsibilidad para el funcionamiento de las universidades nacionales. Estamos hablando de recursos indispensables para sostener la enseñanza, la investigación, la extensión y también los salarios de quienes trabajan todos los días en nuestras instituciones”, expresó.
La rectora agregó que “si bien aún resta resolver la cuestión de fondo, este fallo permite resguardar herramientas previstas por ley para evitar que el financiamiento universitario continúe deteriorándose frente al contexto inflacionario”.
Desde el ámbito universitario, la resolución fue interpretada como un respaldo judicial a la necesidad de preservar el financiamiento de las universidades nacionales y asegurar el cumplimiento de los mecanismos previstos por la legislación vigente mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
La decisión se conoce en un contexto en el que las universidades públicas continúan reclamando previsibilidad presupuestaria para sostener actividades académicas, científicas, de extensión y de bienestar estudiantil en todo el país.
Fuente: portaluniversidad