A raíz del plan de lucha que está llevando adelante la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al conjunto de las organizaciones sociales en todo el país en defensa del Salario Social Complementario y en rechazo a su eliminación por parte del Gobierno nacional, la Justicia Federal dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno continuar con el programa. En Mar del plata, se realizarán una serie de actividades: volanteadas en distintos puntos de la ciudad, además de una movilización. También, el martes 5 de mayo se realizará una charla con la Diputada Provincial Cintia Romero en la sede de la CGT regional.
La medida cautelar, dictada a partir de la presentación de un amparo colectivo que presentaron cinco trabajadores de la economía popular, indica que el Ministerio de Capital Humano tiene la obligación legal de mantener la vigencia de las prestaciones económicas hasta que se dicte una sentencia definitiva. Sin embargo, ante los antecedentes del gobierno por incumplimiento de pago luego de reveses judiciales, la UTEP se mantiene en estado de alerta y movilización para garantizar que lo que dicta el fallo se efectivice.
La decisión del Gobierno de eliminar el programa conocido como Potenciar Trabajo — actual “Volver al Trabajo”— implicaría el fin del único ingreso estatal para trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con impacto directo en todas las provincias y municipios del país. Desde la UTEP denuncian que esta decisión podría empujar a miles de familias a la indigencia y generaría un impacto directo en las economías regionales de todo el país.
En el caso de Mar del plata, se verían afectados unos 15.000 trabajadores y trabajadoras, que perderían su único ingreso fijo mensual. Esto implicaría que dejen de circular aproximadamente 1.170 millones de pesos por mes en la economía local, recursos que hoy se destinan principalmente al consumo en comercios de cercanía. En términos anuales, la pérdida asciende a 14.000 millones de pesos.
El Salario Social Complementario fue establecido por ley, sin fecha de finalización, como un piso de ingresos para quienes generan su propio trabajo frente a la exclusión del mercado laboral formal. Su eliminación podría derivar en el desfinanciamiento o cierre de comedores comunitarios, cooperativas de trabajo y espacios de cuidado que hoy sostienen la vida en los barrios.
Según las organizaciones, lejos de responder a una necesidad de equilibrio fiscal, el recorte representa apenas el 0,1% del PBI, y lo interpretan como una decisión política que afecta principalmente a los sectores de menores ingresos. Además, el monto del programa permanece congelado en $78.000 desde noviembre de 2023, lo que ya provocó una pérdida del 74% del poder adquisitivo.
En este contexto, el Gobierno propone reemplazarlo por programas de “capacitación laboral” vinculados al sector privado, sin garantizar inserción laboral efectiva. También advierten que los supuestos cursos se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, dejando afuera a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del interior del país.
Desde la UTEP advirtieron que a este ajuste sobre los ingresos se le suma una avanzada contra el derecho a la tierra y la vivienda digna. En Mar del Plata, donde se encuentran 71 barrios populares registrados en el RENABAP, la organización denunció que el proyecto de ‘Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada’ impulsado por el Gobierno Nacional pretende dinamitar la Ley 27.453. De aprobarse, se eliminaría la prohibición de desalojos y se desarticularían las obras de infraestructura que garantizan agua potable, redes eléctricas seguras y saneamiento. Según manifestaron, esta medida no solo busca quitar el sustento a las familias, sino también arrebatarles el derecho a vivir con dignidad en sus propios barrios.