Este lunes, en función de la intención ya manifiesta del Ejecutivo de mejorar la tasa de cobrabilidad, se adjudicó la licitación de este servicio a una empresa privada. La medida ya fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 138/2025.
En este marco, cabe mencionar que el Municipio se inclinó por la iniciativa presentada al respecto por la Unión Transitoria de Empresas (UTE), que se compone de Karstec e Itnet. Se llegó a esta disposición tras un segundo llamado a licitación por el cual se estableció un convenio por cuatro años.
Sobre el contrato que se firmó entre las partes, trascendió que la empresa elegida percibirá el 26% de los ingresos extras que genere en las cuentas del Municipio. Dicho porcentaje quedará determinado «sobre los montos efectivamente ingresados en la tesorería municipal que signifiquen cancelación de créditos corrientes o no corrientes, correspondientes al pago de tasas, derechos y/u otras contribuciones de recaudación, que superen la base del mes correspondiente».
Para llegar a esa ecuación, se tomará como parámetro en cada mes calendario «la recaudación mensual de base ajustada por inflación y la actividad económica».
En la órbita de la mencionada empresa quedará entonces mejorar la cobrabilidad de distintas tasas como la Tasa por Servicios Urbanos (TSU), la Contribución para la Salud, Educación y Desarrollo Infantil, la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), la de Publicidad y Propaganda, la de Inspección de Antenas y sus estructuras portantes, los derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos y el Impuesto a los Automotores descentralizado.
Además, la empresa se comprometió según el pliego, a ofrecer un servicio «de calidad, ágil y moderno a los contribuyentes», que además «facilite el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de las tasas y derechos».
Todas las acciones que se implementen en función de mejorar los cobros y ampliar la recaudación, quedarán también en manos de quien ahora se encargará de dicha misión, que también tendrá como misión gestionar las distintas instancias que puedan surgir en el proceso, ya sean administrativa, como la etapa prejudicial y la judicial.