El fiscal Juan Manuel Pettigiani denunció presuntas irregularidades en la concesión del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y las zonas comunes. Al respecto, precisó en Vencedores y Vencidos (La Red – 91.3) que «se intentará determinar cuál es el estado de situación del convenio, conocer la documentación correspondiente» y afirmó que «a partir de allí se determinará si se deben aplican sanciones y en caso de encontrarlas y así también determinar responsabilidades tanto del Ejecutivo municipal como del Legislativo».
«Veo muchas dudas de muchos marplatenses y de legisladores vinculadas al alcance de la adjudicación. Aunque parezca mentira, en lugar de estar pública la información del contrato y la licitación de los distintos escenarios municipales, no es así. Todo está en absoluto desconocimiento de la población y de los concejales, que tienen que controlar esto», dijo.
Y añadió que «esto nos llevó a pensar que se cometieron irregularidades en el proceso de licitación y a tener en cuenta que la empresa concesionaria está siendo investigada por graves delitos de la Justicia brasileña, por lo que se intentará determinar si hay responsabilidades en la gestión local sobre el proceso que se realizó en la ciudad».
«La empresa brasileña tenía otra empresa controlante en Brasil que quedó involucrada en un escándalo por varios delitos, entre ellos lavado de dinero. La integración del acto administrativo requirió la participación de diversos funcionarios del Ejecutivo, con la participación de integrantes del Concejo Deliberante, por lo que pedimos que se entregue la documentación completa para determinar responsabilidad, tanto funcionarios como concejales», afirmó, al tiempo que aclaró que «se trata de una cuestión local que conlleva la intervención de la Justicia provincial».
Además, Pettigiani expresó que «son múltiples los caminos que podrían darse, tanto con funcionarios, concejales, como así con el propio proceso de licitación. A un año de otorgada la obra, las obras deberían ser más relevantes o como mínimo conocer cuál es la responsabilidad que asumió la empresa y el por qué el Departamento Ejecutivo se niega a entregar información. Todo esto debería ser conocido desde antes de la adjudicación. No puede ser que se entregue una obra para que después se negocie con quien se quiera».
«Es básico acceder a los términos a los que se produjo esta entrega, ver si los términos se corresponden y de lo contrario veremos cómo proceder. La figura de la administración fraudulenta conlleva esto. Se entregó una parte del complejo sin saber a cambio de qué. Puede ser que hayan sido burlados en su buena fe los funcionarios o que hayan actuando intencionalmente», concluyó.